El Ayuntamiento de Arganda del Rey inicia la devolución del IBI declarado ilegal por el TSJM
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha comenzado a devolver las cantidades correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que fueron cobradas de manera indebida durante los ejercicios 2022 y 2023, tras ser declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esta devolución afecta principalmente a empresas del municipio y supone un importante desembolso para las arcas municipales.
En concreto, el Consistorio notificó hace unas semanas a un total de 73 empresas la compensación o devolución de los importes pagados durante esos dos años. Ahora, en una primera fase, ya se ha procedido al abono de las cantidades correspondientes a 28 empresas, por un valor total de 934.015,65 euros.
Entre las compañías que han recibido estas devoluciones destacan ATEN OIL SETOR ACTIVOS S.L., con 16.682 euros; IBEREXT S.A., con 27.878 euros; y DESARROLLOS Y RENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.L., que encabeza la lista con un reembolso de 91.199 euros.
Un golpe económico para el Ayuntamiento
La sentencia del TSJM no solo obliga al Ayuntamiento a devolver el importe cobrado de manera indebida, sino también a afrontar los intereses de demora generados durante el proceso judicial y las costas procesales derivadas. Esto supone una carga económica adicional que podría impactar en la planificación presupuestaria del municipio para este ejercicio.
La devolución del IBI responde a una orden judicial que anulaba la modificación fiscal aplicada durante la anterior legislatura, lo que ha obligado al actual equipo de Gobierno a ejecutar los pagos pertinentes, en un proceso que continuará en las próximas semanas hasta completar el reintegro al total de empresas afectadas.
Desde el Ayuntamiento aún no se ha precisado el coste total que supondrá esta operación, aunque fuentes municipales apuntan a que las cifras definitivas podrían superar ampliamente el millón de euros, sumando devoluciones pendientes, intereses y costas judiciales.
Esta situación abre ahora un nuevo debate sobre la sostenibilidad de las finanzas locales y la necesidad de revisar las políticas fiscales del municipio para evitar situaciones similares en el futuro.
