El PSOE de Arganda acusa al Gobierno municipal de financiar con dinero público a EDA TV

El PSOE de Arganda del Rey ha denunciado públicamente un contrato realizado por el Gobierno municipal del PP con EDA Consulting, empresa vinculada a EDA TV, el medio dirigido por Javier Negre y relacionado públicamente con el periodista Vito Quiles.

Según explica la formación socialista en un comunicado emitido este 14 de mayo, el contrato habría tenido un importe de 2.420 euros y estaría destinado a la difusión de noticias municipales durante una semana entre noviembre y diciembre de 2023.

Desde el PSOE consideran que se trata de un hecho “políticamente indecente y moralmente intolerable”, al entender que se han utilizado recursos públicos para financiar un medio al que califican de “altavoz de la ultraderecha” y al que acusan de difundir “bulos, intoxicación y odio”.

Los socialistas sostienen que no se trata únicamente de una cuestión relacionada con comunicación institucional, sino de “la utilización del presupuesto municipal para beneficiar a una maquinaria de propaganda ultra”.

Críticas al Gobierno municipal

En el comunicado, el PSOE carga directamente contra el Ejecutivo local encabezado por el alcalde Alberto Escribano, asegurando que esta decisión refleja “la verdadera agenda política” del Gobierno de coalición entre Partido Popular.

Además, vinculan esta polémica con otras decisiones anteriores del Gobierno municipal, criticando que “se empleen recursos municipales para pagar a difusores profesionales de la mentira y el odio”.

La formación también menciona la vinculación pública de EDA TV con Javier Negre y Vito Quiles, este último envuelto en diferentes polémicas relacionadas con su acreditación en el Congreso de los Diputados.

Solicitan transparencia y acceso a la documentación

El PSOE de Arganda ha exigido explicaciones inmediatas al Gobierno municipal sobre este contrato y reclama que se hagan públicos todos los expedientes y documentos relacionados con la adjudicación.

Entre otras cuestiones, solicitan aclarar quién autorizó el gasto, qué contenidos concretos se difundieron y cuál era el supuesto interés público de dicha contratación.