‘Problemas de la ciudadanía’, así funciona la nueva tasa de basuras que confunde a los argandeños
Esta semana en nuestra sección ‘problemas de la ciudadanía’, varios ciudadanos han expresado la confusión que tienen con esta nueva tasa de basuras que ha llegado recientemente al municipio.
La nueva tasa de basuras que se ha empezado a aplicar este año en Arganda del Rey ha generado un profundo malestar entre la ciudadanía. La medida, de carácter obligatorio a nivel estatal pero gestionada y definida por cada ayuntamiento, ha provocado un aluvión de quejas y dudas entre los vecinos del municipio. Muchos de ellos consideran que el cobro es desproporcionado y mal diseñado, lo que ha llevado a que se alce la voz desde todos los rincones de la ciudad.
A través de la sección «Problemas de la ciudadanía», recogemos las inquietudes planteadas por los argandeños en redes sociales y otros canales públicos, convirtiéndolas en una guía útil para entender qué implica realmente esta tasa, cómo se aplica y qué derechos tienen los vecinos al respecto.
¿Qué es la nueva tasa y por qué se paga?
La tasa de recogida de residuos es una obligación legal derivada de la normativa estatal que, a su vez, responde a compromisos europeos. Su objetivo es financiar íntegramente el coste del servicio de gestión de residuos: recogida, transporte y tratamiento de la basura generada por viviendas, locales y empresas. Cada ayuntamiento define el sistema de cobro y su cuantía.
En Arganda del Rey, el Ayuntamiento decidió comenzar a aplicar el cobro en 2025, tras retrasarlo dos años desde que la ley lo permitió. La tasa se notifica individualmente a cada contribuyente este primer año, pero a partir de 2026 se incorporará a los recibos habituales como el IBI o el impuesto de vehículos.
Según el consistorio, el responsable del pago es el propietario del inmueble. En el caso de arrendamientos, solo si está previsto en el contrato se puede trasladar el coste al inquilino.
El principal punto de conflicto es el método de cálculo: se basa exclusivamente en los metros cuadrados del inmueble, sin tener en cuenta cuántas personas viven en él ni cuántos residuos genera. Esto ha llevado a situaciones polémicas, como la de una vecina que denunció que se le exige el pago de 230 euros anuales por una plaza de garaje de apenas 15 m² que no genera ningún tipo de residuo.
Otra vecina comentaba con indignación que, a pesar de tener solo dos perros y tirar un saco de basura a la semana —que ni siquiera siempre deposita en su municipio—, le toca pagar más de 250 euros al año.
También se han registrado críticas sobre la desigualdad del reparto: un vecino comparaba que en municipios cercanos como Rivas se pagan 32 euros por una vivienda de 90 metros cuadrados, mientras que en Arganda, por una vivienda unifamiliar, la cifra asciende a 184 euros.
Cuánto se paga y qué opciones hay para reducirlo
La tarifa se aplica en función del tamaño del inmueble y puede ir desde 30,55 euros anuales para propiedades de menos de 35 m² hasta 305,46 euros para aquellas que superen los 3.000 m². Las viviendas más habituales (entre 91 y 150 m²) pagan alrededor de 152 euros al año. El importe medio en Arganda se sitúa en unos 140 euros anuales.
La queja más repetida es que esta tasa se siente como una “doble imposición”, ya que muchos vecinos aseguran que este coste ya se pagaba indirectamente con el IBI. Otros critican que, aunque se hable de una “bajada histórica del IBI”, en la práctica la reducción es mínima y no compensa la nueva carga.
El Ayuntamiento ha habilitado mecanismos para suavizar el impacto económico: se puede solicitar el fraccionamiento del pago en tres plazos sin intereses, y a partir de septiembre de este año se podrá optar por el sistema de Fraccionamiento Gratuito Unificado, que permite dividir el pago en 10 mensualidades con un 5% de descuento si se domicilia el recibo.
También existe una bonificación del 50% para personas en situación de vulnerabilidad económica. Para acceder a ella es necesario estar empadronado en Arganda, que el inmueble esté ubicado en el municipio y presentar la documentación requerida, o autorizar al Ayuntamiento a solicitarla directamente a Servicios Sociales.
